La supremacía británica sobre el panorama internacional ha dado como resultado uno de los mayores imperios de la Historia. Prueba de ello es, por ejemplo, la sustitución del francés por el inglés como lengua básica de las relaciones internacionales. El influjo anglosajón ha estado repartido por diferentes puntos geopolíticos significativos: desde las colonias americanas, pasando por las superficies de ultramar del Caribe, hasta regiones de los continentes asiático y oceánico, además de un proceso de colonización africana sobre un conjunto de países del continente.
Desde finales del siglo XIX, el Imperio británico comenzó a desquebrajarse tras la concesión del autogobierno a las colonias de Canadá, Australia, Nueva Zelanda y Sudáfrica. Y, aunque el dominio imperial sobre todos estos territorios finalizara completamente a mediados del siglo XX, el famoso ingenio inglés se adelantó a tal acontecimiento creando una nueva confederación, de aspecto mediáticamente más democrático: la Commonwealth.
La Mancomunidad de Naciones está representada actualmente por un conjunto de 52 países —aproximadamente dos millardos de personas, casi un tercio de la población mundial— constituidos como países completamente independientes o semiindependientes. El rasgo esencial que fundamenta dicha organización son los lazos históricos que han mantenido estos países con el Reino Unido durante sus procesos de colonización, independencia y reconfiguración sociopolítica. No obstante, la Mancomunidad ha tenido varios problemas administrativos en la defensa de estos lazos históricos. Es el caso de Mozambique, que en 1995 ingresó como nuevo miembro en la organización sin haber mantenido nunca una relación con Gran Bretaña. Tras la celebración de la cumbre de Edimburgo (1997), se estableció que solo las naciones que hubieran tenido un vínculo constitucional con el Imperio británico podían establecerse como naciones pertenecientes a la Mancomunidad. Sin embargo, este principio quedó en un segundo plano en 2009 con la incorporación de Ruanda, antigua colonia alemana y belga.
De los países que estructuran la organización mancomunada, 32 se han estructurado como repúblicas; 16 países, como monarquías dependientes de la reina británica, y el resto de países, como monarquías nacionales, sin obviar que, al final y al cabo, sin un papel ejecutivo concreto, la reina Isabel II es la cabeza de poder de dicha organización, pues es presentada como “símbolo de la libre asociación de sus miembros”.
Etimológicamente, la denominación de la Commonwealth significa en inglés ‘riqueza común’. Entronca, así, tanto en su definición y terminología como en su uso, con la teoría del liberalismo clásico, asociada —sobre todo en este sentido— a la argumentación de Adam Smith sobre la promoción del bienestar económico general por parte del gobernante.
Un recorrido con más baches que soluciones
En el año 1920, una vez acabada la Gran Guerra, tuvo lugar la Conferencia imperial, en la cual los territorios de Canadá, Australia, Nueva Zelanda y Sudáfrica, ya emancipados del dominio británico, acordaron la celebración de reuniones periódicas con el fin de establecer lazos de cooperación y solidaridad entre ellos. A partir de entonces, podemos decir que comienzan los planes estructurales de una organización confederada y la creación de una sociedad internacional que sustituyera el antiguo Imperio británico, tirano y colonizador, por una institución legítima, más equitativa y progresiva.
En la Declaración de Balfour (1926) se fundamentó la relación sociojurídica entre estos países: “Gran Bretaña y los dominios son comunidades autónomas dentro del imperio, iguales en estatus, de ninguna manera subordinadas unas a otras en ningún aspecto de sus asuntos internos o externos, aunque unidas por una fidelidad común a la Corona y libremente asociadas como miembros de la British Commonwealth of Nations”. Dicha declaración fue oficialmente ratificada por el Estatuto de Westminster (1931) y se convirtió en ley interna de los países que, siendo excolonias, se posicionaban fieles a Gran Bretaña. No obstante, esta incorporación como ley nacional debía ser aprobada y ratificada por los correspondientes Parlamentos, lo que supuso que hasta 1942 y 1947, respectivamente, Australia y Nueva Zelanda no la ratificaran. En el caso de Terranova, hasta su incorporación como provincia canadiense en 1949, Reino Unido siguió manteniendo su control directo sobre el territorio.
Durante la década de los 30, la Mancomunidad Británica de las Naciones tuvo que afrontar dos problemas de diferente índole. Por un lado, la Gran Depresión de 1929, donde las “preferencias imperiales” se impusieron sobre la crisis al favorecer la comercialización entre los países miembros. Por otro lado, la emancipación de Irlanda como república independiente (1937); hasta su salida de la Commonwealth en 1949, las discrepancias y conflictos entre el Gobierno británico y la sociedad irlandesa eran más que evidentes, con tensiones y conflictos ideológicos. Sin embargo, la salida de Irlanda supuso un cambio de rumbo en la organización supranacional: la Mancomunidad Británica de Naciones decidió eliminar la palabra británica de su denominación, lo que suponía un giro conceptual con el fin de una mayor expansión internacional.
A partir de entonces, comenzará un proceso de acogida e integración de diferentes países, todos ellos vinculados históricamente a Gran Bretaña, empezando por la India tras la proclamación de su independencia y su configuración como república en 1950.
No obstante, la entrada del Reino Unido en la Comunidad Económica Europea (CEE) en 1973 derivó en un nuevo conflicto intraorganizativo, pues uno de sus objetivos era favorecer las políticas económicas entre los países miembros en detrimento de los intereses imperiales, que habían funcionado eficazmente en el seno de la mancomunidad. La cooperación —no solo económica, sino también de promoción de valores y políticas sociales— había sido establecida por la Declaración de los Principios de la Mancomunidad, firmada en Singapur en 1971 y posteriormente ratificada en la Declaración de Harare dos décadas después. Cabe destacar que estas dos declaraciones —que representan la Constitución de la Commonwealth—, más que recoger privilegios de cooperación y solidaridad económica entre los países miembros, establecían una serie de valores, derechos y libertades que los países miembros debían fomentar y, por supuesto, proteger. Por tanto, la incompatibilidad de ser miembro de las dos organizaciones se fundamentaba más en el miedo de perder un socio como Gran Bretaña que en una determinada irregularidad.
Suspensos, renuncias y abandonos: los conflictos territoriales
Atendiendo a la particularidad de los países miembros, han sido frecuentes los conflictos con los que la Commonwealth ha tenido que lidiar. Estos enfrentamientos se han basado, sobre todo, en el atropello de ciertos derechos y libertades en determinados países, así como la renuncia de otra minoría de Estados que no han querido adentrarse en el desarrollo organizativo de la Mancomunidad.
Uno de los primeros casos fue Sudáfrica, que había sido uno de los países originarios de la Commonwealth. Emancipada desde 1960, sufrió presiones internacionales por su pertenencia a la Commonwealth debido a su régimen de apartheid, lo que derivó en la renuncia del país a la membresía. Fue readmitida en 1994 tras la victoria de Nelson Mandela en las elecciones nacionales y, por consiguiente, la abolición del apartheid.
Para ampliar: “El legado de la exclusión racial en Sudáfrica”, Fernando Rey en El Orden Mundial, 2016
Desde 1997, tras la elaboración de una Constitución propia de un país democrático, las islas Fiyi volvieron a ser miembro de la Commonwealth, a cuya pertenencia habían renunciado diez años atrás. A partir de 2000, se suceden una serie de golpes de Estado que conllevan una sanción institucional por parte de la Mancomunidad. Con el nuevo golpe de Estado de 2006, la Commonwealth decidió suspender plenamente a Fiyi como miembro de la organización hasta la celebración de unas elecciones presidenciales, las cuales no llegaron hasta el año 2014, cuando las competencias internacionales afirmaron la concurrencia democrática de las mismas.
En cuanto a Nigeria, la Commonwealth decidió suspender su acta de país miembro en 1995 después de varios años de un Gobierno militar, que había evitado que el candidato electo de las elecciones de 1993, Moshood Abiola, tomara el poder presidencial, declaró inconstitucional el nuevo Gobierno elegido y encarceló a Abiola. Hasta la caída del Gobierno militar en 1998 y la celebración de unas nuevas elecciones presidenciales un año después, Nigeria no fue readmitida como país miembro de la Commonwealth.
El caso más complejo fue el protagonizado por Pakistán. Desde la proclamación de la república federal del país (1956), el enfrentamiento civil entre territorios era evidente: mientras la región este —actual Bangladés— demandaba su independencia, la región oeste mantenía sus pretensiones de control nacional. Todo ello llevó a un conflicto civil en 1971 entre ambas regiones —con la participación de las tropas indias a favor de la región este— y tuvo como resultado la independencia estatal de Bangladés. Este hecho provocó la renuncia de Pakistán en la participación de la Commonwealth y su posterior reincorporación en 1989.
Lejos de haberse solucionado el conflicto, Pakistán fue suspendida del consejo de la Commonwealth en 1999 tras tomar las riendas del poder ejecutivo el Ejército nacional. A partir de principios del nuevo siglo, las relaciones entre Pakistán y Bangladés comenzaban a prosperar pacíficamente y las tropas indias empezaban a abandonar la zona de control entre ambos países, lo que supuso la readmisión de Pakistán en la organización (2004). Tres años después, tras la declaración del estado de emergencia en el país, Pakistán fue nuevamente suspendida como país miembro de la organización durante medio año, hasta la celebración de las elecciones presidenciales.
Para ampliar: “Cachemira: Una historia de rivalidad”, Fernando Rey en El Orden Mundial, 2016
Otros países sencillamente han querido abandonar la Commonwealth al considerar innecesaria su pertenencia. Al caso de Irlanda, en 1949, tenemos que añadir Zimbabue (2003), donde el dictador Robert Mugabe decidió prescindir de la integración en la Mancomunidad; el abandono de Gambia (2013), supuestamente provocado por el carácter “neocolonial” de la organización —aunque la libertad del país está en entredicho cuando el expresidente del país, Yahya Jammeh, ha permanecido 23 años en el poder tras un golpe de Estado—, y, por último, la reciente renuncia de las Maldivas, causada por el conflicto de ideas entre la isla islámica y la organización internacional tras el golpe de Estado en 2012.
“Dejen de ser, empiecen a hacer”
En su contexto sociocultural, uno de los rasgos definitorios de la Commonwealth es la celebración de los Juegos de Mancomunidad cada cuatro años, emulando a los Juegos Olímpicos (JJ. OO.). Iniciados en 1930, estos juegos se configuran como otros eventos deportivos del mismo estilo, como los Juegos Panamericanos, Asiáticos o Mediterráneos, entre otros. Además de los clásicos juegos que componen el conjunto de deportes practicados en los JJ. OO., se compite también en una serie de deportes que tienen cierto carácter cultural en los países miembros de la Mancomunidad, como el críquet, el squash, el rugby a siete o el polo. Además, a diferencia de los JJ. OO., el Reino Unido juega dividido en cuatro países diferenciados —Irlanda del Norte, Inglaterra, Escocia y Gales— y solo estos tres últimos, más Australia, Canadá y Nueva Zelanda, han participado en todos los eventos celebrados. Esto se debe, en cierta medida, a que en 1986 32 países de África, Asia y el Caribe no acudieron a los juegos como protesta contra la relación de solidaridad que Thatcher había establecido con el régimen de apartheid sudafricano.
En su contexto más político e institucional, la Mancomunidad de Naciones se establece bajo los principios de garantía de los procesos electorales de los países miembros —sistemas de elección con lógica de representación-mandato—, asesoramiento en los conflictos nacionales y protección de los Estados pequeños —seis islas caribeñas tienen una categoría especial dentro de la Commonwealth, por lo que Reino Unido se encarga de sus defensas y políticas exteriores—. En esta línea, resulta sencillo resaltar las diferencias con la Unión Europea o UNASUR, las cuales tienen sus propios organismos, instituciones y leyes internacionales que rigen el funcionamiento de sus países miembros. La Commonwealth tiene unos rasgos más similares a la Organización de Estados Iberoamericanos, donde están representados España y Portugal junto con países americanos de su esfera de influencia, ya que su objetivo es establecer unas políticas encaminadas a la cooperación y al respeto y protección de una serie de derechos y libertades; en ese sentido, constituye una organización relativamente informal. Además de la inexistencia de una Constitución propia como tal, debe destacarse que los dos pilares institucionales básicos son la monarquía y el secretariado —los representantes de cada país son nombrados altos comisarios—, creado en 1965 y estructurado en tres departamentos: Asuntos Económicos, Internacionales y Administrativos.
Todo ello, en cierto sentido, nos deja con la incógnita de cómo catalogar y diferenciar exactamente la Commonwealth: como una verdadera organización democrática cuyo fin es el respeto de los derechos humanos, la cooperación entre los países y la promoción de sus características socioculturales, o como una confederación superficial donde la continuación del Imperio británico sigue vigente, escondido bajo la figura internacional de mancomunidad. Lo que resulta evidente es que su flexibilidad y pragmatismo han permitido a la Commonwealth poder adaptarse y redefinirse como una asociación, en contraposición a la extinta Unión francesa. Tal vez, de cara a su supervivencia y evolución, el análisis de la Commonwealth debería empezar a apuntar no al tanto al ser común como al hacer común.
Para ampliar: Commonwealth: El proyecto de una revolución del común, Michael Hardt y Antonio Negri, 2011
